jueves, 14 de agosto de 2014

“TRAS LA REFORMA ENERGÉTICA, LA REFORMA ÉTICA” por Javier Jiménez Espriú

Dentro del “Paseo de las Reformas” con que nos ha transformado la existencia el actual gobierno, y particularmente con la promulgación de la “Reforma Energética”, falta la que permitirá que las ya aprobadas por el Congreso y publicadas por el Ejecutivo, puedan cumplimentarse sin peligro para quienes participen en su instrumentación y ejecución: la “Reforma Ética”, que permitiría lograr una total apertura para la modernización y la abolición de los “falsos valores” que limitan el ejercicio del poder y por tanto sus capacidades para el logro de las más altas metas que pretende la administración pública.
Con ello, el establecimiento de una nueva ética, pragmática, que acabando con los mitos puritanos sobre honestidad, conflicto de intereses, nepotismo, compadrazgo, amiguismo, patriotismo, soberanía, etc., permitiera la total libertad en el ejercicio de un poder omnímodo, amparado por las normas legales.
La “Reforma Ética” tendría un primer episodio constitucional, en el que quedaría establecida en la Ley Suprema, como asunto de carácter estratégico, la facultad del Ejecutivo de la Unión, para decidir en todo momento y sin limitación alguna, todo lo que a su juicio crea conveniente, independientemente del sujeto sobre el que recayera el beneficio o el castigo de la voluntad presidencial. Esta modificación, “de pasada”, le daría valor constitucional a las facultades que en las leyes secundarias de la “Reforma Energética” se arrogó el Presidente y validaron sus subordinados en el Legislativo.
Ya en las “Leyes Secundarias”, se explicitarían asuntos de diversa índole y facultades específicas, lo que permitiría “legalizar” puntos que hoy son motivo de polémica, debido a los “trasnochados emisarios del pasado”, que con pruritos decimonónicos, no aceptan los pasos adelante que exige la necesariamente rápida, urgentísima modernización del país, dificultando las acciones que permitirán “Mover a México”.
Se quitarían así barreras absurdas que detienen el progreso. Se permitiría por ejemplo –lo que hoy sucede sin apoyo legal-, que funcionarios de un sector tengan negocios en el mismo; que familiares de funcionarios sean socios o agentes de empresas concesionarias; que los funcionarios pudieran emplear a sus familiares en las áreas de su responsabilidad, lo que evitaría la monserga actual de que, digamos, el de Gobernación le de trabajo a los hijos del de Energía, que el de la Procuraduría contrate al hijo del de Comunicaciones y Transportes, que se tengan que inventar Comisionados para sustituir Gobernadores, que haya que contratar “prestanombres” para los negocios y un sinfín de subterfugios que si bien sirven para activar el ingenio ciudadano, crean entuertos que luego es difícil “desfacer”.
Si no se hace lo que propongo, me temo que los funcionarios que den negocios y concesiones –aunque les llamen contratos- a los antiguos Directores de PEMEX y CFE, a los anteriores Presidentes, Secretarios y Subsecretarios de Estado, a los hijos de ellos, a los entenados, compadres y amigos; los que reciban “moches”, “comisiones”, ofertas de empleo para cuando dejen sus cargos, viajes al Super Bowl, a las carreras, coches de lujo, apartamentos, yates, “becas” para sus hijos, fiestas con “edecanes”, cuentas en Suiza y en paraísos fiscales; los que funjan como “agentes” –“coyotes” en la “vieja ética abrogada”-  vivirán con “La espada de Damocles” sobre su cerviz –ahí cuelga cuando se agacha la cabeza..
Todas estas incomodas incertidumbres y molestias podrían evitarse quitándose, de una vez por todas, la máscara que portan y promoviendo esta “Reforma Ética” de amplio espectro y gran calado, con la que además se cumpliría con el ofrecimiento de “Transparencia”, otra de las promesas pendientes. Todo, a partir de ella, sería “transparente” y además “legal”. Aunque quedaría pendiente el asunto de la corrupción, pero a ese círculo no le encuentro la cuadratura.
Hay desde luego, eso sí, que aprovechar el momento de “la mayoría automática” en el Congreso, que firmaría como hasta ahora, sin el menor rubor, una iniciativa de esta naturaleza, que además,   permitiría a sus integrantes dormir tranquilos de aquí en adelante –aun en las curules-, aunque un día se les termine “el fuero”, seguir recibiendo remuneraciones extraordinarias sin explicación y continuar organizando reuniones con “edecanes” o seguir organizando “edecanes” para sus reuniones.
Como ven la propuesta, simplemente ampliaría el ejercicio de la libertad en el ejercicio del poder.
Y esto pronto, no sea que para el año próximo, los ciudadanos, entre ellos esos 67% de priístas  y 75% de panistas que están en contra de la “Reforma Energética”, se den cuenta que sus representantes no los representan, que ni el “Nuevo” PRI ni el “Nuevo” PAN, tienen nada que ver con los intereses nacionales y les apliquen un voto de castigo, por demás merecido y voten por un Congreso que no sea sólo un conjunto de convenencieros aplaudidores del Presidente.
Propuesta hecha en agosto del dos mil catorce, “Año de la Consumación de la Dependencia Nacional”.  

viernes, 18 de octubre de 2013

“El Memorial de la Ignominia”
Javier Jiménez Espriú

“Protesto cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan …y si no lo hiciere así, que la Nación me lo demande”. Con estas palabras se inicia la gestión de los Presidentes de la República Mexicana, aunque su elección se haya dado “haiga sido como haiga sido”.
Sin embargo, estas palabras se han vuelto cada vez más un ritual hueco y sin sentido y cada vez menos un compromiso cabal ante el pueblo, sin que este, en una espacie de martirologio inexorable, tenga otra reacción más allá del “que podemos hacer” o el “ya ni modo” que tantas limitantes han significado para nuestro desarrollo como Nación independiente y soberana, para nuestro crecimiento ciudadano.
Una y otra vez, los “Mandatarios” que debieran cumplir con lo que el pueblo manda, asumen la posición de dueños de la Patria, ignorando a los ciudadanos e imponiendo las normas que les vienen en gana o las que les mandan de más allá.  
Con la misma letanía, los representantes populares, que son cada vez menos representantes y menos populares, se burlan de los principios republicanos y sólo  obedecen “la voz del amo”.
Hoy nos encontramos frente a un nuevo atentado contra la Constitución de parte quienes protestaron acatarla, encabezado por el Ejecutivo y apoyado por quienes en las Cámaras –no así en las recámaras-, han manifestado ya su disciplinada sumisión, pero ahora en un asunto de gravísima importancia: la modificación de los Artículos 27 y 28 de la Carta Magna, esenciales para nuestra seguridad energética, para nuestra seguridad nacional y por ende para nuestra soberanía.
Públicamente, algunos de los protagonistas del atentado han expresado que “están dispuestos a pagar el costo político que sea”, para sacar adelante la “Reforma Energética” propuesta por el Presidente. Se expondrán a los que sea, con tal de acatar “la voz del amo”.
Reitero lo que he escrito en repetidas ocasiones: “que penosa es la muestra de sometimiento, de subordinación, de sumisión, de servilismo, de abyección, al que están sujetos quienes prefieren la comodidad de la servidumbre recompensada, a la lucha por la libertad de manifestación y de conciencia y a la defensa de los intereses nacionales”.
“La ignominia antes que la renuncia”, decían los científicos porfiristas hace más de 100 años, y hoy lo asumen como lamentable eco histórico, los neo porfiristas de la actualidad, los que aceptan volver a entregar a las nuevas trasnacionales petroleras, resultado de las fusiones incestuosas de las 7 hermanas, los veneros de petróleo mexicanos, con una Reforma, que un destacado académico universitario –cuyo nombre me reservo porque no tengo su autorización para hacerlo público, pero que lo haré si me autoriza- ha calificado como “un ataque a las vías generales de comunicación…neuronal”.
Pero la ignominia, si esa Reforma llegara a consumarse, no quedará, como tantas veces, perdida en algún escrito que no vuelva a leerse, ni sólo en la memoria de algunos que empolvará con su paso el tiempo, y quienes participen en su consumación no quedarán bajo resguardo, en las sombras de un anonimato protector.
Aceptada la propuesta que esta mañana del 6 de octubre de 2013, hizo el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en la gran Asamblea Popular contra la “Reforma Energética” del gobierno, los nombres de todos los que la suscriban deberán quedar grabados, en letras negras de color petróleo, en un gran muro que deberá señalar, escultórica o espiritualmente la enhiesta figura del General Cárdenas, con el dedo flamígero de la historia.

Si están dispuestos “a pagar el precio político que sea”, para hacer validos los contratos con las trasnacionales petroleras y la entrega del sector energético, esto podrá ser “el enganche”.

martes, 27 de agosto de 2013

La explotación petrolera y el capital privado por Javier Jiménez Espriú en la Cámara de Diputados

Hace 20 años, al iniciarse un nuevo ataque para la privatización del sector energético, expresé, y lo he reiterado en múltiples ocasiones, que los planteamientos para concluir que la privatización era necesaria, adolecían de múltiples defectos: insuficientes en el análisis económico, discutibles desde el punto de vista técnico, inconsistentes en el aspecto legal, ignorantes de contenido histórico, ayunos de sensibilidad política y carentes de patriotismo.
Desde antes de eso, se han instrumentado en forma maquiavélica, políticas públicas destinadas a desmantelar las capacidades nacionales, principalmente en los organismos públicos, Pemex, CFE, Comunicaciones y Transportes, Recursos Hidráulicos, con decisiones que, fundadas en la convicción de las autoridades en la falta de talento nacional, en una incapacidad innata para resolver nuestros propios problemas y en la necesidad de recurrir a otros para hacerlo, no hacen sino beneficiar a las empresas extranjeras, 
En 1997, al recibir el grado de honor de la Academia Mexicana de Ingeniería, presenté un trabajo titulado El Futuro de México sin Ingeniería Mexicana.  En él, hacía yo una pregunta fundamental ¿Qué puede hacer una nación, sin ingeniería propia? Y daba una respuesta que hoy se confirma correcta: seguramente otra vez, cambiar vidrios y espejos por los frutos de nuestras entrañas, aunque ya no usemos penachos, ni obtengamos nuestros títulos y grados en el Calmécac.
No hemos aprendido –decía-, una lección fundamental: la autodeterminación tecnológica es cuestión de supervivencia nacional.  La moderna tecnología de la dependencia es crear la dependencia de la tecnología.
Antes se invadían territorios, hoy se apropian industrias y mercados.  En esta guerra de conquista que hoy llamamos competencia, nuestros gobernantes han encomendado precisamente a nuestros contendientes o han aceptado sumisamente de ellos, el diseño  de nuestras estrategias.   ¿Qué diferencia hay entre el conquistador que empuñando un mosquete vino a llevarse nuestro oro en el nombre del Rey, y el ejecutivo de la trasnacional que armado con una presentación de McKinsey viene a buscar la cesión de la renta petrolera en favor de la EXXON, la Chevron o la Shell?
Nuestros competidores pulen la bandeja de plata en la que les entregamos nuestras riquezas. “Quieres que el mundo adopte la agenda económica de los Estados Unidos –dice la tesis de las becas Fullbright- toma a algunos de sus jóvenes en edad impresionable; adoctrínalos en las escuelas del Ivy League; regrésalo a su país y asegúrate de que los nombren Secretarios de Estado, para que desde el púlpito de su ministerio, implementen, con el fanatismo y la ceguera de un dogma religioso, el evangelio según Uncle Sam.
En 1990 John Williamson, economista del Banco Mundial elevó este evangelio según Uncle Sam a nivel de sagrada escritura, en un documento que tituló El Consenso de Washington.  Este prescribía las condiciones que una red de instituciones financieras internacionales  (el propio Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la International Finance Corporation y otras), establecerían para otorgar créditos a los países en desarrollo.  Estas instituciones, claro está, son financiadas a su vez por los gobiernos de los países industrializados, que llegan al poder con los donativos de campaña de sus grandes corporaciones, destacando entre ellas las petroleras trasnacionales.  Entre las condiciones de los créditos, figuraban en primerísimos lugares la eliminación de subsidios y la privatización de los servicios y los negocios públicos, y entre ellos, el más jugoso de todos: el petróleo.
Una pregunta clave es ¿A quiénes beneficiaban las medidas prescritas en el Consenso de Washington? ¿A los países que pedían los créditos o a las corporaciones de los gobiernos que los financiaban?  En 2002, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos calculó que por cada mil millones de dólares que ese país contribuía a los bancos internacionales de desarrollo, las trasnacionales americanas recibían más de dos mil millones de dólares en contratos en los países subdesarrollados.[1]  En 1992 Davidson Budhoo, un ex economista del Fondo Monetario Internacional, en un acto de contrición declaró que las “condiciones impuestas por estas instituciones no buscaban mejorar las condiciones de los países en desarrollo, sino satisfacer las necesidades económicas de los países industrializados”. [2]
Fue bajo estas presiones internacionales que muchísimos países empezaron a cederle el jugoso negocio del petróleo a las petroleras privadas.  Como describiré más adelante, todos estos esfuerzos les reportaron nefastas consecuencias, por lo que en los últimos años todos ellos (Argelia, Bolivia, Canadá, China, Ecuador, Kazakhstan, Venezuela, por citar sólo algunos) han instrumentado costosísimas medidas para renacionalizar las industrias petroleras privatizadas; para renegociar los términos de los contratos celebrados; y/o para elevar los impuestos y regalías cobradas a las petroleras privadas, topándose siempre con el poderío económico de éstas y el de sus gobiernos, que se resisten a capa y espada a devolver un ápice de los regalos obtenidos bajo la presión internacional.
Fue esta presión internacional la que llevó a México a privatizaciones de triste memoria, como la Bancaria, y a episodios negros, como el FOBAPROA.  En el ramo del petróleo, el nacionalismo de la mayoría de los mexicanos transformado en opinión pública, defendió con todo el Artículo 27 de nuestra Constitución.  Ante esto nuestros gobernantes, lejos de acatar la voluntad popular, iniciaron una privatización disfrazada, simulada, silenciosa, traidora y cobarde. Petróleos  Mexicanos se dividió en cuatro subsidiarias con el objeto de venderlas una por una, iniciando con la petroquímica básica, luego con el gas natural, siguiendo con la refinación y culminando la entrega del patrimonio nacional, con la cesión de la renta petrolera.
A principios de los noventa, se dio el primer esfuerzo privatizador con la intención de vender los complejos petroquímicos de PEMEX.  Este esfuerzo se volvió a topar con el nacionalismo de la opinión popular que lo impidió.  Ante esto, nuestros gobernantes lejos de cumplir con el deber fiduciario que tiene cualquier administrador, y cuales niños emberrinchados ante la falta de satisfacción de su capricho, condenaron a la petroquímica básica a la inanición, privándola de la inversión que su mantenimiento, fortalecimiento y desarrollo requerían. 
A mediados de los noventa, los esfuerzos privatizadores voltearon sus caras al gas natural, en un embate de cabildeo legislativo que exigía la apertura del mercado del gas y la privatización de la CFE y que estaba liderado por la hoy tristemente célebre ENRON.  Otra vez el nacionalismo de la opinión popular impidió los cambios constitucionales que la venta de CFE requería, ante lo que nuestros gobernantes volvieron a traicionar al pueblo con una privatización disfrazada y escondida bajo la figura de los productores independientes de electricidad.  ¿Cómo se puede argumentar que el Sector Eléctrico no se ha privatizado, cuando hoy más del 50% de la electricidad para el servicio público la generan las grandes trasnacionales privadas? 
Dado que siguiendo los caprichos de Banco Mundial, nuestros gobernantes habían ya cedido el diseño de las estrategias eléctricas a las grandes corporaciones, en el caso del gas natural y la electricidad a ENRON, empezamos a generar electricidad no con lo que nos convenía generarla (agua, viento, sol, combustóleo), sino con lo que a ENRON le convenía vender: gas natural.  En vista de que la apertura del sector eléctrico venía aparejada de la entrega a manos privadas del negocio de gas natural, los altos mandos en PEMEX volvieron a faltar a su deber fiduciario y limitaron las inversiones en materia de gas, dando como resultado un status quo preocupante: la importación masiva de gas natural comprado de las grandes trasnacionales y los cuellos de botella que su transporte implica por la falta de inversión de PEMEX en gasoductos. 
Pero sin duda de las privatizaciones simuladas, la más dañina y traicionera es la de la renta petrolera.    Nos engañaríamos si simulamos que la discusión de hoy en día es sobre si empezamos a otorgar concesiones y contratos en los que se comparta la renta petrolera, los llamados contratos de riesgo. Estos ya se han venido celebrando en forma inconstitucional y por tanto ilegal –y sin riesgo para las empresas-, bajo denominaciones eufemísticas como la de contratos de servicios múltiples o contratos incentivados.  Seamos claros de una vez por todas en lo que la Constitución permite y en lo que prohíbe en el área del petróleo.  Permite los contratos de servicios, esto es, los contratos en los que la contraprestación se cubre con dinero, pagando al contratista el costo del servicio y una utilidad razonable, pero que no le comparte la renta petrolera ligando su pago al éxito de la explotación.  La Constitución prohíbe las concesiones, aún disfrazadas de contratos, o sea, cuando la contraprestación va ligada a la cantidad del petróleo que se extraiga o al valor comercial de éste. 
En este sentido, cualquier contrato que implique un pago por barril extraído –así sea un centavo-, que aumente la contraprestación del contratista en función de la cantidad de petróleo que se extraiga, resulta inconstitucional.  Los contratos incentivados que ha venido celebrando PEMEX, implican el pago por ésta de teóricamente el 75% de los costos de extracción del contratista -y los de la semana pasada en Chicontepec el 100%- y luego le otorgan una cuota por barril, haciéndolo, sin duda alguna, partícipe del éxito de la explotación. 
Estos contratos por tanto, son verdaderas concesiones celebradas en total contravención del texto constitucional.  Tienen además, el defecto de ser una invitación abierta a la corrupción.  Ante la complejidad de la explotación de un yacimiento petrolero, resulta absolutamente imposible supervisar los costos de extracción.  Aun cuando utópicamente no hubiera corrupción, resulta imposible para una empresa que no está explotando el yacimiento supervisar que los reembolsos por el 75% o el 100%, no son en realidad por un múltiplo muy superior  Nóminas infladas, materiales y trabajadores inexistentes, jornadas diarias de 36 horas, automóviles de lujo cobrados como coches utilitarios, maquinaria e insumos de segunda cobrados como de lujo, son sólo algunos de los rubros que nos presenta la experiencia internacional que hacen de cualquier contrato basado en la recuperación de costos nada menos que casos de robo en despoblado.  El ejemplo del yacimiento Kashagan en Kasakhstan, resulta un caso ilustrativo de esta problemática.  Yo preguntaría señores Diputados ¿Ya se tomaron la molestia de analizar los resultados que han dado hasta ahora los contratos incentivados de PEMEX?  ¿Saben a cuánto asciende el reembolso de los teóricamente 75% de gastos?  ¿Ya exigieron cuentas de lo que se ha recibido a cambio? 
Los países que durante la implementación del Consenso de Washington abrieron sus industrias petroleras se arrepintieron y están pagando caro su error.  Pero por lo menos ellos tienen la excusa, además de la presión internacional, de la falta de experiencias internacionales previas y de un escenario de precios de alrededor de los 20 dólares/barril, haciendo la alternativa privatizadora menos aberrante que ahora.  ¿Qué excusa tenemos nosotros, cuando el barril se cotiza en US$100.00 dólares y cuando tenemos el ejemplo de los que ya se equivocaron y ahora pagan cara la enmienda de su equivocación? 
En efecto, la más mínima revisión de la experiencia internacional reciente, es el mejor argumento para descartar cualquier esfuerzo privatizador.  Veamos, aunque sea a vuelo de pájaro, algunas de estas experiencias.
Iniciemos con el niño modelo del que presumen los privatizadores: PETROBRAS.  “Brasil abrió su industria y ahora tiene a PETROBRAS que es una empresa muy eficiente”, gritan los apologistas del libre mercado.  Aceptándolo sin conceder, premisa cuestionable  que mi argumento no requiere cuestionar, la pregunta no sólo es si PETROBRAS es eficiente, sino ¿para quién es eficiente? 
Como todas las petroleras privadas, PETROBRAS genera muchas utilidades, para sus accionistas, a quienes es más fácil encontrar en lujosos penthouses del Upper West Side de Manhattan, que en las favelas de Sao Paulo o de Río de Janeiro.   Dándose cuenta de la gran disparidad de lo que se quedaban en Brasil (10% en un principio) y las utilidades que iban a dar fuera, en 2007, al descubrirse los yacimientos del pre-sal, no se le concesionaron directamente a PETROBRAS.  Se creó una empresa 100% estatal: PETROSAL y se instrumentó un mecanismo que llevó en el 2010 al gobierno brasileño de Lula, a elevar de 39% a 48% la participación del Estado en PETROBRAS.  Esto es, el gobierno brasileño ha decidido comprar acciones de la empresa, re-nacionalizar parte de ella, para mitigar la sangría que a Brasil le ha significado la cesión de la renta petrolera a los accionistas extranjeros de PETROBRAS.   
Pasemos a otro ejemplo estrella de los privatizadores: STATOIL.  El caso noruego es quizá el más alejado de los esfuerzos privatizadores mexicanos.  Antes de los sesenta, Noruega no contaba con una industria petrolera.  Cuando en 69 se descubrieron grandes yacimientos, los noruegos atinadamente se dieron cuenta de que lo que convenía a sus intereses era la creación de una empresa estatal fuerte y que con su propia tecnología fuera capaz, no sólo de desarrollar sus campos, sino competir en la industria internacional.  Ante la falta de experiencia, crearon un sistema de asociaciones en donde lo primordial no era la producción, sino la transferencia tecnológica.  Se asociaron con las grandes trasnacionales, pero bajo reglas que exigían un alto contenido nacional.  Por cada ingeniero de las trasnacionales, debía haber por lo menos dos de la empresa noruega.  Fueron así recibiendo tecnología internacional y desarrollando una propia que los ha convertido en una de las principales petroleras del mundo.  Cuán diferente de los contratos incentivados mexicanos en donde además de cubrir sus costos, compartimos las utilidades con quienes hacen lo que según nuestros “malinchistas” e ignorantes gobernantes, nosotros no podemos, y sin la más mínima posibilidad de recibir tecnología. 
Analicemos lo que ha pasado en países de nuestro continente.  Bolivia, por ejemplo, cedió a las presiones del Banco Mundial y durante los noventas concesionó  la explotación de sus yacimientos petroleros.  Para 2005, y no obstante que  las inversiones de los contratistas privados había quedado ya totalmente amortizadas, éstos recibían el 82% de la producción de los yacimientos y el estado Boliviano una regalía del 18%.  Esta situación se convirtió en insostenible;  en mayo de 2005, Bolivia decidió implementar un nuevo impuesto directo a los hidrocarburos que, en efecto, reducía la participación de las petroleras privadas al 50% de la producción.  Estas no lo aceptaron, llevando al gobierno de Bolivia a renacionalizar la industria en el año de 2006. 
El caso de Venezuela también resulta de interés.  La ley petrolera de 1975, establecía disposiciones similares a las que encontramos en el derecho mexicano, prohibiendo las concesiones y los contratos de riesgo.  Únicamente se permitían los de servicio.  Tal como aquí, funcionarios venezolanos se dieron a la tarea de disfrazar como contratos de servicios lo que eran en realidad concesiones.  Un artículo de agosto de 2010 del Oxford EnergyForum, describe los contratos celebrados por estos funcionarios en los siguientes términos:
Los contratos de servicios venezolanos, a pesar de estar estructurados como contratos de servicios, en el fondo eran todo excepto un contrato puro de servicios.  Cedieron el control sobre el petróleo en grandes áreas durante 20 años y la contraprestación se basaba en el volumen y el valor de las producciones.  De hecho, muchos de los proveedores de servicios eran socios senior en el negocio y, en promedio, se llevaban más de la mitad de la producción.  En algunos casos, la compañía estatal incluso perdía dinero por cada barril de petróleo que se producía.  Para empeorar las cosas, los contratistas, al decir que únicamente eran “proveedores de servicios”, argüían que la tasa de impuesto sobre la renta que les correspondía era la de 34%, aplicable a las personas que no se dedican a la producción de petróleo, en vez de la tasa de 50%, aplicable a los productores de petróleo.[3]
El pago de más del 50% del valor de la producción a las petroleras internacionales bajo estos “contratos de servicios”, tampoco pudo ser mantenida en Venezuela.  En abril de 2005, el gobierno venezolano exigió la migración de estos contratos a un esquema de empresas mixtas que redujeron la participación de las petroleras privadas y que no estuvo exenta de grandes tensiones internacionales y, en algunos casos, de costosos litigios ante tribunales arbitrales.
Ecuador no corrió con mejor suerte.  Veamos el caso de Occidental. A finales de los 90 Ecuador celebró varios contratos de ganancias compartidas en los que los contratistas asumían todos los costos de la explotación pero recibían el 70% de la producción. El cambio en escenarios de precios generó un desequilibrio contractual en el que las ganancias de los contratistas eran simplemente inaceptables.  Occidental era uno se estos contratistas que, además, había incumplido los términos de su contrato cediendo sus derechos bajo el mismo sin la autorización del gobierno ecuatoriano.  La Ley de Hidrocarburos le daba a Ecuador derecho a rescindir el contrato y así lo hizo, ante lo cual Occidental inició un arbitraje internacional.    Los árbitros encontraron que aunque Occidental había incumplido la Ley de Ecuador, esta, en su opinión no era justa y condenaron a Ecuador al pago de una indemnización de más de 1,600 millones de dólares.   El litigio se llevó no ante las cortes de Ecuador sino, tal como los prescriben los tratados internacionales celebrados  durante el Consenso de Washington, ante el CIADI, órgano establecido -¡oh sorpresa!- por el Banco Mundial.
Finalmente me interesa referirme al caso del yacimiento Kashagan en Kazakhstan, por las similitudes entre el contrato de este yacimiento y los contratos incentivados celebrados por PEMEX.  Kashagan es el yacimiento de petróleo más grande que se haya descubierto en las tres últimas décadas. Es, incluso, más grande que Cantarell.  El gobierno de Kazakhstan celebró un contrato basado en la recuperación de costos y en una cuota por barril, tal como los contratos incentivados.  El artículo del Oxford EnergyForum, describe en los siguientes términos el funcionamiento de esta estructura contractual en este yacimiento:
A pesar de ser presentadas como un ejemplo típico de alineamiento de interese , la experiencia ha demostrado que  las  disposiciones contractuales basadas en  recuperación de costos son, a menudo, una receta para el desastre, y eso es exactamente lo que pasó en Kashagan.  Los costos totales del proyecto se  incrementaron más de 100 mil millones de dólares, y la producción, originalmente programada para iniciar en 2005 o 2006, ahora está programada para el 2012.  El resultado neto fue que en el descubrimiento más grande del mundo en la era moderna, mismo que tenía proyectado una producción de 1.5 millones de barriles por día, el estado tan sólo hubiera recibido un “gran” total de 2% del petróleo producido durante, por lo menos, la primera década de producción…[4]
Evidentemente, la situación de Kashagan era insostenible, por lo que el gobierno de Kazakhstan tuvo que implementar medidas para terminar con el contrato, con las tensiones internacionales y procesos jurídicos que esto conlleva.
La experiencia internacional es, como se puede apreciar, elocuente y confirma que México no es el único país en el que el “el diablo” escrituró veneros de hidrocarburos.  De todos los países a los que nos hemos referido, quizá el único que salió bien librado en su trato con las grandes petroleras internacionales fue Noruega, quien entendió que la única forma de sobrevivir era contando con una industria petrolera propia y tecnológicamente avanzada. 
Es por esto que mantengo la firme convicción de que una reforma energética es, en efecto, necesaria.  Pero no la que ofrece el Presidente de la República en sus discursos en el extranjero o como la que se deriva de los puntos del Pacto por México y que buscan principalmente (i) : Entregar a la inversión privada el crecimiento de la industria corriente hacia abajo, desde la refinación, y (ii) permitir, a través de contratos de riesgo, incentivados, de servicios múltiples y de alianzas, el acceso de la iniciativa privada a la exploración y producción y con ello, a  una parte sustantiva de la renta petrolera.  La reforma que yo planteo tiene los siguientes objetivos:
1.-        Establecer una estrategia nacional de energía, integral, que tenga como prioridad la seguridad energética de la Nación en el largo plazo. Esto significa, entre otras cosas,  el uso racional de los recursos naturales no renovables y la optimización de su uso en función de las necesidades nacionales, las nuestras, no las de otras naciones.  Esto es contradictorio con los intereses del sector privado, para cuyas inversiones buscan la mayor rentabilidad en el plazo más breve, y de los intereses de otros gobiernos, como el de Estados Unidos, que se “reserva” sus reservas, presionándonos para elevar nuestra producción y saciar su sed de hidrocarburos.
            2.-.-  Fortalecer a PEMEX, restablecer el nivel que un día tuvo el Instituto Mexicano del Petróleo, volver a invertir en nuestras capacidades de ingeniería, apoyar  al desarrollo científico y tecnológico del Sector, para  podernos sentar a negociar de tú a tú con todos los jugadores de la industria.  Es falso el argumento de que la tecnología no es accesible si no compartimos la renta petrolera con quienes la poseen. La tecnología está disponible y tenemos la capacidad para asimilarla y desarrollarla. Pero sobre, todo es nuestro el petróleo y somos nosotros los que debemos poner las reglas del juego, no aceptar las que nos imponen.
            3.- En lo económico, no tenemos porqué compartir la renta petrolera, cuyo dueño es la Nación, que mucho la necesita. No tenemos porqué ofrecer una parte del espléndido negocio que nos ofreció la naturaleza, y que podemos y debemos manejar solos. Es falso también el argumento de que no tenemos dinero.  Lo negamos señalando que tenemos los hidrocarburos, para cuya exploración y explotación razonable existen créditos y mecanismos financieros, habida cuenta de la alta rentabilidad de los procesos de producción, refinación y venta de los productos petrolíferos y petroquímicos. Debemos sí, reformar la situación de Pemex para que, fuera del Presupuesto de la Federación, esté en capacidad autónoma de gestión y manejo de sus recursos.
            4.-En lo ético, hay que limpiarlo de corrupción e ineficiencia, tanto de su Sindicato lastre como de las élites voraces de políticos e industriales inescrupulosos, que en la corrupción y la connivencia encuentran su modus vivendi y enriquecen desmedidamente. Trabajar, a partir de ahora, con honestidad, inteligencia, eficiencia, capacidad profesional, planeación, supervisión adecuada y patriotismo.
Establecer un verdadero sistema de transparencia y rendición de cuentas, con observadores ciudadanos., y
5.- Respetar a ultranza, el espíritu y la letra de la Constitución, como exige el estado de Derecho y el verdadero Pacto Nacional, que ese sí, es por México.
Una vez más, los intereses hegemónicos atacan, en esta ocasión con gran virulencia y sin ningún escrúpulo, y ahora apoyados por muchos que no hace tanto, sólo por sus intereses personales, defendían al Sector Energético con la frase estentórea y vibrante de López Mateos de:  “En el petróleo nacionalizado, ni un paso atrás”; y que hoy, disfrazados como salvadores de la República y como “abiertas mentes modernizadoras”, satanizan, a falta de argumentos, a quienes nos mantenemos con los mismos principios, calificándonos como trasnochados cobijados  en “falsos nacionalismos”, seguramente considerando que los “nacionalismos verdaderos” son los que ven por las otras naciones.
Hoy nos encontramos, y no digo nuevamente, sino otra vez -porque hay un hilo conductor que no se ha roto desde hace décadas-, nos encontramos, repito, en la cresta de esa ola privatizadora que no cesa en su intento de destruir nuestras defensas soberanas y apoderarse de nuestros recursos.
No debemos soslayar que con la apertura del sector a la inversión privada, sea extranjera directa o a través de interpósita persona –recuerden la Banca y recorran la historia de México-, se abre la entrada a los gobiernos imperiales a los asuntos internos de la Nación, se cede la Soberanía.
Si no, y para concluir, recordemos en un párrafo, síntesis personal de una parte de un artículo de Lorenzo Meyer, en el que nos subraya las presiones de las potencias internacionales a que hemos estado sujetos por el tema del Petróleo.
Las tuvimos con Porfirio Díaz quien hubo de acomodar las leyes para dar “seguridad a la inversión extranjera” –palabras que hoy se repiten-, para que los inversionistas fueran dueños de los recursos.  Se actuó contra Madero y su impuesto del timbre. Se ejerció presión severa contra Carranza, quien había establecido en el 27 Constitucional la propiedad de la Nación sobre los recursos del subsuelo, impidiéndole reglamentarlo. Las sufrió Obregón con los “Acuerdos de Bucareli”. La sintió Calles en un nuevo  intento de reglamentar el 27 y la padeció Lázaro Cárdenas que decidió en actitud valiente, visionaria y soberana, nacionalizar la industria petrolera ante la presión convertida en arrogancia y prepotencia. La presión continuó con Alemán que autorizó “contratos de riesgo”, mismos que fueron cancelados por López Mateos.”
Generaciones anteriores han resistido los embates de las potencias extranjeras en su afán de quedarse con nuestro petróleo.  La nuestra deberá hacer lo propio para poder decir, con Guadalupe Victoria: “Gloriaos, mexicanos, de la parte tan considerable y rica que os ha tocado en los negocios del universo” y para tratar de vencer la fatídica lacra, que  Francisco Zarco sentenciaba diciendo: “Hay no sé qué ritmo trágico en la historia de México que hace perder a los aptos y honrados en beneficio de los ineptos y ladrones”.
Porque si por éstos antes perdimos la mitad del suelo que “nos había tocado en esos negocios del universo” no podemos ahora aceptarles la amenaza de entregar buena parte de la riqueza de nuestro subsuelo.
Muchas gracias,
Javier Jiménez Espriú
Julio 18 de 2013.



[1]Global Exchange.World Bank / IMF Questions and Answers.  February, 13, 2002. 
[2]Davison Budhoo and Claude Alvarez. Why the IMF is a Threat to the South.  Third World Resurgence, June 1992.
[3]Kahale, George, The Uproar Surrounding Petroleum Contract Renegotiation, Oxford Energy Forum, Issue 82, August 2010.
[4] Ob. Cit.

lunes, 10 de septiembre de 2012

Discurso del Ing. Javier Jiménez Espriú


Zócalo de la Ciudad de México
9 de Septiembre de 2012


Lic. Andrés Manuel López Obrador.

Pueblo de México.

Estamos aquí, en el corazón de la República, para ratificar un compromiso con la Patria.

Pertenezco a un grupo de mexicanos que con plena convicción y con un profundo conocimiento de nuestro país y sus problemas y gran amor por México, suscribió el Nuevo Proyecto de Nación que propuso Andrés Manuel López Obrador, conscientes de que era imperioso cambiar el modelo económico, político y social, que en los últimos treinta años ha llevado a nuestro país a mayores desigualdades, a un inaceptable incremento del número de pobres, al estancamiento económico, a una cada vez más crítica falta de empleos y a una enorme pérdida del poder adquisitivo del salario, a la sobre explotación y al dispendio desenfrenado de nuestros recursos naturales,  a la proliferación de monopolios, a la insuficiencia alimentaria, al abandono del campo y de los campesinos, a una educación insuficiente y de baja calidad, a la contracción del mercado interno, a la inexistencia de políticas de estado para industrialización, desarrollo científico y tecnológico, etc., y todo ello enmarcado en un proceso de corrupción escandalosa, contubernios y connivencias vergonzosas que han llevado a la pérdida de valores, a la descomposición social y a la violencia.

Propusimos un Proyecto de un gobierno austero basado en la honestidad, la capacidad profesional, la sensibilidad política y la transparencia, la soberanía, la preservación del patrimonio material y cultural de la nación y la democratización de los medios de información, que impulsara la inversión pública y la privada, la generación de empleos y el bienestar de todos los sectores de la sociedad, respetara los derechos humanos y el medio ambiente, acabara con la violencia, y promoviera en un estado de paz y tranquilidad social, la participación ciudadana en las grandes decisiones nacionales.

Un gobierno ético, integrado por una nueva clase política nacional que pudiera llevar a cabo las urgentes tareas de transformación de la Nación.

Pensamos, quienes  acompañamos al Lic. López Obrador en su campaña por la Presidencia de la República y lo reiteramos en todos los foros, que era importante asumir legítimamente el poder, para combatir y acabar con la corrupción. Los acontecimientos nos demuestran que no es factible lograr lícitamente el poder, ante el imperio de la corrupción y la impunidad.

De acuerdo con las normas establecidas, el proceso electoral ha concluido, a pesar de gravísimas impugnaciones cuyas investigaciones han sido calificadas por propios y extraños de insatisfactorias, insuficientes, contradictorias, sesgadas, lamentables. Continúan sin esclarecerse los más delicados agravios contra la ley y contra la dignidad de los más necesitados.

Cuán actuales, ante los hechos recientes, resultan las palabras de Rousseau: “La igualdad de la riqueza debe consistir en que ningún ciudadano sea tan opulento que pueda comprar a otro, y ninguno tan pobre que se vea necesitado a venderse”.

Hemos sido sentenciados por el Tribunal Federal Electoral, sin derecho a fianza,  a seis años de regresión, opresión, corrupción y trabajos forzados, y esto significa, para nosotros,  los que no estamos de acuerdo con la sentencia, una lucha social sin cuartel para defender una democracia que se desmorona, un patrimonio que desaparece, una soberanía que se remata al mejor postor y una dignidad nacional que se avasalla, frente a los embates de la corrupción y el entreguismo, hechos poder.

Independientemente de lo inevitable de la sentencia, los documentos que la conforman requieren un profundo análisis jurídico, académico, formal e imparcial, de las voces más autorizadas.

Estoy convencido de que por la salud de la República y de sus instituciones y por el futuro de nuestra democracia,  es necesario conocer la “verdad-verdad” y que las sombras de la duda no oscurezcan nuestro tránsito al porvenir.

Propongo por ello, que independientemente de los Tribunales públicos que promoverá Morena en todos los rincones de nuestro territorio, las más prestigiadas instituciones de investigación y enseñanza del Derecho en nuestro país, en donde se encuentra el talento, el rigor académico y la honestidad intelectual de grandes juristas nacionales y extranjeros, tomen la Sentencia del TRIFE y el documento que desestima los agravios planteados en las impugnaciones, como caso de estudio y organicen debates, análisis, mesas redondas, talleres, seminarios, para someterlos a la más profunda, seria e imparcial de las pruebas. Harían una gran aportación al bienestar de la Nación y cumplirían con su responsabilidad educativa.

No se debe simplemente cerrar el expediente, es importante para el mejor futuro de México, que todo se esclarezca, que se ataque la corrupción en todas sus formas, desde todas las atalayas y particularmente la que se perpetra amparada por las lagunas o las interpretaciones sesgadas de la ley y la servil aquiescencia de sus tribunos. Porque es necesario lograr el imperio de la verdad, porque tenemos que superar la práctica del engaño y de la manipulación y  “la injusticia de nuestra justicia”; y señalar ante todos, el papel que ha jugado cada protagonista.

No es válido que la política envilecida y protegida por leyes que parecen haber sido diseñadas para legalizar la impunidad, venza a la democracia y sumerja a nuestra Nación en un pozo sin fondo y en un ejemplo lastimoso de desprestigio internacional.

El pueblo de México tiene derecho a saber la verdad sin velos ni cortapisa alguna.

Nos esperan seis años de un futuro oprobioso, que podríamos escribir desde ahora, si bajamos los brazos y nos dejamos abatir por el desánimo, la depresión o la impotencia.

No será así, seguiremos desde luego en la lucha, porque ningún mexicano bien nacido debe abandonar al país a su mala suerte y a su pueblo en la indigencia y la indefensión. Y lo haremos, contra todo acto que lesione a la Nación o a los ciudadanos,  empuñando las armas de la razón, la inteligencia, la moral, la cultura, la civilidad, y el amor por la patria, para detener el avance de las nuevas hordas de los “Atilas” de la modernidad, de quienes  se sabe que  donde pisa su caballada, por flaca que esté –y mientras más flaca, como es el caso, con mayor encono-, no vuelve la hierba a crecer.

“Se puede abandonar a una Patria dichosa y triunfante. Pero amenazada, destrozada y oprimida, no se le deja nunca, se le salva o se muere por ella”, decía Robespierre hace más de 200 años y así debemos asumirlo ahora nosotros.

Nuestra actual situación nos obliga a llamar a la rebelión de las conciencias y a sacudir el marasmo ciudadano. No podemos convertirnos en un país de resignados, ni de hombres y mujeres avasallados por los poderes fácticos y las fuerzas fatídicas.

Estamos con el pueblo que trabaja ardua y honestamente en la lucha por mejores condiciones de bienestar.

Estamos con las mujeres y los hombres de todos los estratos sociales, que trabajan solidariamente por el bien común y luchan contrala pobreza y la desigualdad.

Estamos con los jóvenes que se sublevan ante la injusticia, se rebelan ante la imposición y el autoritarismo y se oponen con el potente grito de la verdad y la enjundia de su entrega valiente y desinteresada, a la represión de las ideas y a la manipulación y la opresión del pueblo.

Estamos por la organización del pueblo para garantizar, por la vía pacífica, un régimen plenamente democrático.

Estamos por un futuro de México, digno de su historia y de su gente.

Estamos por un México libre, independiente y soberano.

Estamos con Andrés Manuel López Obrador, por su irrenunciable compromiso por la Patria.

¡Todos con López Obrador!

¡Viva México!


Javier Jiménez Espriú

domingo, 8 de julio de 2012

CRÓNICA DE UN FRAUDE ELECTORAL ANUNCIADO Por Gustavo Rocha


A Sara Elena, María Elena, Doeni, Gustavo, Ivonne, Mayra, Liliana, Marilú y Alfonso
A todos mis alumnos y exalumnos de matemáticas de la Facultad de Ingeniería de la UNAM
A todos los jóvenes mexicanos


Si el 11 de mayo fue un viernes negro para Enrique Peña, por el rechazo manifiesto de los jóvenes estudiantes de la Universidad Iberoamericana, el 2 de julio fue un lunes negro para México, por el resultado de la elección presidencial. La diferencia está en que, para Peña, el trago amargo ha durado menos de dos meses, en tanto que, para los mexicanos, la amargura tendrá una duración de al menos seis años.

Conforme a las reglas electorales, pareciera que Peña Nieto ganó la presidencia, ya que votaron por él cerca de 19 millones de ciudadanos, aunque eso si, hubo 30.5 millones de mexicanos que no sólo no votamos por él, sino que además, lo vomitamos. Al recordar los porcentajes de votación de los comicios de 2006, se torna evidente la conveniencia de implantar la segunda vuelta en los comicios electorales, para que el ganador tenga, al menos, el 50% de la votación más uno, en pro de su legitimidad.

Nadie que haya vivido el régimen gubernamental priista, durante la segunda mitad del siglo pasado, puede celebrar el retorno del PRI a los Pinos: basta recordar los movimientos magisterial y ferrocarrilero de 1958, la matanza de Tlatelolco en 1968, el jueves de Corpus en 1971, la persecución de disidentes en los años 70, el fraude electoral de 1988, las privatizaciones salinistas, el TLC en 1992, el Fobaproa y la masacre de Aguas Blancas en 1995 y la matanza de Acteal en 1997. Los jóvenes menores de 29 años, no pudieron ver nada de esto o no se dieron cuenta y sólo tienen referencias documentales.

No obstante, durante este siglo, de gobiernos panistas, los jóvenes si se han podido percatar de que el PRI no se distingue por cosas buenas; sirvan de ejemplo los gobernadores Arturo Montiel del Estado de México, Mario Marín de Puebla, Ulises Ruiz de Oaxaca, Fidel Herrera de Veracruz y Tomás Yarrington de Tamaulipas, cada uno de ellos célebre por algún atributo indeseable, y el propio Peña Nieto, ilustre por sus corruptelas, por la represión en San Salvador Atenco y por su vínculo con los poderes económicos.

En su discurso de la noche del domingo, EPN dijo que México había ganado; se dijo emocionado por la decisión adoptada por los mexicanos a favor de un cambio con rumbo; les agradeció a los ciudadanos por haber hablado con sus votos y señaló que fueron ellos también quienes los contaron y quienes supervisaron el proceso electoral.  Celebró el profesionalismo, la imparcialidad y legalidad del IFE, para efecto de brindar certeza a los mexicanos; reconoció la vocación democrática de Felipe Calderón, por su conducta durante la campaña electoral y apreció su llamada telefónica para felicitarlo. Luego de agradecer a sus colaboradores y familia cercana su apoyo permanente durante la campaña, enfatizó su gratitud y reconocimiento para los millones de mexicanos que votaron por él, que confiaron en su proyecto, ya que con ello ganaba la democracia y ganaba México. Finalmente, invocando el amor por México, hizo un llamado a los adversarios partidistas para la reconciliación, una vez que la jornada electoral hubo concluido, y ofreció producir resultados, con una nueva forma de gobernar.

Si nos atenemos a la forma en que gobernó el Estado de México, el futuro no es nada prometedor; los resultados ahí obtenidos, conducen a una valoración que no sólo parece pobre, sino que es desastrosa; los compromisos que realmente si cumplió fueron insignificantes, en tanto que no hizo prácticamente nada por la educación, la seguridad y el combate a la corrupción, que eran lo importante.

Sus adversarios políticos y seguidores no podemos aceptar la reconciliación que pide, porque sabemos que ni siquiera él se da cuenta de quien es y lo que representa. Como platicara Andrés Bustamante, durante la transmisión electoral, siguiendo una analogía, a EPN se le puede ver como el alacrán que le pide a una ranita, representada por sus adversarios, que lo lleve en su lomo para cruzar el río; el propio alacrán cree que puede llegar a salvo a la otra orilla, pues no tiene la intención de picar a la ranita, ya que él mismo perecería; pero la ranita conoce la naturaleza del alacrán y sabe que terminaría picándola, irremediablemente, porque hay una fuerza superior que está muy por encima de los buenos propósitos que pudiera tener ahora. Mientras exista, así será el PRI, y si dejara de serlo, dejaría de ser el PRI; por eso, cuando Colosio intentó salirse del huacal, lo asesinaron.

Algo parecido les sucede a “los periodistas que día a día nos dan la noticia”. No podemos imaginar, que desde sus inicios hayan sido tendenciosos, insidiosos y mentirosos; al principio deben haber tenido el propósito de hacer buen periodismo, pero no los dejaron, tenían que seguir la línea editorial del medio, o eran despedidos; es el caso de Jorge Saldaña, Carmen Aristegui, José Gutiérrez Vivó o María Elena Meneses, quienes contrastan, por ejemplo, con Joaquín López Dóriga, Denise Maerker, Ciro Gómez Leyva y Javier Alatorre. Cuando empezaron, parecían grandes prospectos del periodismo; actualmente se han vuelto muy famosos y se la creen, sin serlo, y no alcanzan a darse cuenta de lo manchados que han quedado.

No es verdad que los casi 19 millones de mexicanos que votaron por EPN y le dieron el triunfo, se pueda traducir en una ganancia para la democracia; por el contrario, al no ser un triunfo obtenido en buena lid,  ya que al menos 5 millones de esos votos fueron logrados en forma fraudulenta, la democracia ha perdido, violentada de todas las maneras imaginables, burlando todas las reglas establecidas. Primero, en una etapa muy anterior a los comicios, con una campaña de construcción de imagen, en trastupijes con Televisa, lo cual ha sido denunciado no solo por periodistas nacionales, sino por el diario londinense The Guardian, uno de lo más prestigiados a nivel mundial. La sociedad exige que esta negociación quede totalmente aclarada, para bien de la ciudadanía, especialmente si Peña llega a ser designado presidente electo, puesto que existen tres versiones de la historia: que fue Televisa quien eligió a EPN como futuro presidente, contratándolo para tal efecto, como directivo de alto rango; que fue el PRI el que buscó los favores de Televisa, a cambio de futuros favorsotes; o que fue EPN el que buscó a Televisa para que lo promoviera como candidato a la presidencia, pagándole muy bien. Por supuesto que desde una perspectiva ética, ninguna de las versiones es aceptable; los documentos que ofrece The Guardian parecen inclinarse a la tercera versión como más probable.

Durante la campaña electoral, el PRI rebasó con creces los topes de campaña, se dice que hasta en 15 veces, sin que se conozca el origen de los recursos; muy malo sería, si se tratara de recursos públicos, porque entonces se infiere que provienen de las arcas de los estados, donde los gobernadores priistas dispusieron discrecionalmente de los erarios estatales, obtenidos de impuestos pagados por el pueblo mismo; igual de malo sería, si se trata de recursos privados, pues se colige que fueron desembolsados por una clase empresarial, que seguramente exigiría, a cambio, que se mantengan sus privilegios fiscales y demás prerrogativas.  

Es claro que el flujo de dinero a raudales por parte del PRI se tradujo en una inequidad, que ha sido evidenciada de diversas maneras; por ejemplo, con los espectaculares contratados, cuya erogación, resultado de multiplicar su número por el costo unitario, prácticamente agotaría el tope de campaña de 336 millones de pesos; otro ejemplo es el evidente derroche en gastos de transporte, en helicópteros y jets privados utilizados por el candidato para sus traslados, a diferencia de AMLO, que siempre se movió en líneas aéreas comerciales, en camionetas y hasta en metro.

Todos sabemos que la estructura priista es muy fuerte y experimentada; pero también sabemos que en el 2006 casi quedó reducida a cenizas. Se han podido levantar de la lona, más por los graves errores tanto del gobierno federal, como de la propia izquierda, que en el Congreso, dejó que el PRI asumiera el papel de principal opositor. Pero requería bases, había que construir desde abajo, sin plataforma partidista y sin líderes, porque no los tiene; lo único que les quedaba era recurrir a las viejas prácticas corporativas del acarreo, y por ende, hubo que invertir muchísimo dinero en los traslados de los acarreados, en los refrigerios para cada uno de los mítines, en el reparto de miles de caros paquetes de chuchería y media, en la compra de grandes volúmenes de despensas y de materiales de construcción, que le permitirían a algunas familias comer durante ocho días o contar con un pedazo de techo de lámina. Obviamente, nada de esto era de a gratis; la gente se comprometía a pagar con su voto por EPN. Curiosamente fue en su cierre de campaña en el Estadio Azteca, donde Peña pidió el voto para acabar con las viejas prácticas de la política, este discurso contrastó mucho con un estacionamiento del inmueble abarrotado por autobuses de pasajeros que habían transportado a los acarreados, con los que sin embargo, no fue posible llenar el estadio y hubo que recurrir a maniquíes de trapo que simulaban un lleno; el nulo entusiasmo de los asistentes, hacía difícil identificar a unos y otros. Ese es el nuevo PRI.

La necesidad del pueblo es muy grande, de modo que ante la posibilidad de obtener una ayuda en dinero o en especie, mucha gente la aceptó, sin chistar, a cambio de su voto. Esa gente no sabe que esas dádivas del PRI siempre se las cobra al pueblo, de alguna manera, porque no dan paso sin huarache. A diferencia de 2006, en donde el fraude electoral consistió básicamente en el extravío de boletas en un gran número de casillas, el exceso de boletas en otro gran número de casillas y la transcripción errónea de datos, del acta al sistema de cómputo, ahora ante las nuevas reglas de escrutinio, el PRI organizó a sus operadores electorales por regiones, empleando diversos  métodos de compra y coacción del voto, desde las viejas triquiñuelas tales como el carrusel o el ratón loco, hasta otros más modernos, apoyados en la tecnología de los celulares, como los niños halcones, así como el uso de nuevas artimañas electorales, tales como la entrega de tarjetas de débito o monederos electrónicos para adquisición de mercancía.

Hace menos de diez días se hicieron las denuncias correspondientes ante el IFE y la FEPADE; no conocemos el resultado de las investigaciones, ya que éstas requieren de cierto tiempo para su desahogo, pero lo que si hicieron las autoridades electorales fue negarse a que, durante la jornada electoral, se congelara el flujo de dinero de una cuenta con Grupo Financiero Monex, en la que mediante triangulación se financiaron 9 mil 924 monederos electrónicos, con valor total de 70 millones 815 mil 534 pesos, que podrían estar destinados presumiblemente a la compra de votos. Es obvio que las denuncias presentadas por PAN y PRD, no suponen que el PRI tenga una cuenta con Monex, se les acusa de corruptos, no de tontos. Hasta la fecha no se ha dado a conocer el nombre de la interpósita persona moral o física que tiene tal cuenta, pero ésta podría estar relacionada también con el contrato que firmó el empresario estadounidense, de origen mexicano, José Aquino, con el empresario norteño Alejandro Carrillo Garza Sada, supuestamente para promover la imagen de Peña Nieto en los Estados Unidos.

En el Estado de México, la compra de votos se orquestó a través del reparto de 1 millón 800 mil tarjetas de la tienda Soriana, con el logotipo de la CTM, precargadas con montos que van de cien a mil pesos cada una; son las modernas despensas que el PRI entrega a cambio de votos. Durante toda esta semana, los poseedores de estas tarjetas se desbocaron en las tiendas de Soriana, en la zona oriente del Distrito Federal y en la conurbación con el Estado de México, para adquirir mercancías; son muchos los que se han quejado de que su tarjeta no tiene saldo o no tiene el saldo prometido, no obstante haber votado por el PRI o por haber convencido y acarreado a vecinos hacia las casillas; dicen en la calle, que ya ganó Peña Nieto y a ellos no les han pagado. Existe un video en el que la candidata del PRI al Senado, María Elena Barrera, les habla de estas tarjetas a habitantes del Municipio de Valle de Chalco; es obvio que, la remuneración por voto no la podrían ofertar en la Colonia del Valle, ni en Polanco, sino precisamente en los cinturones de miseria, en los que la gente puede justificar la entrega de su voto, hasta por 100 pesos, por pura necesidad; el dinero que les ofrece el PRI, aquí y ahora, no lo pueden desdeñar, en espera de un posible mejor futuro, que quizá no lleguen a ver.

Apenas una semana antes de la elección, los maestros disidentes agrupados en el CNTE, a través de su comité ejecutivo, informaron a la opinión pública sobre el llamado operativo Ágora, plan estratégico con el que el Sindicato de Trabajadores de la Educación, comandados por la maestra Elba Esther Gordillo, buscaría captar 5 millones de votos, con un costo de 151 millones 277 mil 750 pesos; el operativo no sería en favor del candidato del PANAL, partido de la maestra, sino en favor de Peña Nieto; es fácil colegir, que el supuesto rompimiento entre PRI y PANAL, a principio de año, no fue sino una simulación maquiavélicamente concertada que resultara beneficiosa para ambos personajes y para poderse dar apoyo mutuo. Ahora se puede corroborar en el PREP, que la votación para senadores por Nueva Alianza, superó en casi 850 mil votos al sufragio asociado a presidente. Las autoridades electorales deberán investigar si tal evento es simple casualidad y si no hubo arreglos similares con otros sindicatos afiliados al PRI, como el STPRM.

Es muy posible que, durante la campaña, el PRI también haya tenido que pagar por la obtención de varias series de encuestas favorables al candidato; hubo tal coincidencia entre las series de encuestas de Gea-Isa, Buendía & Laredo, Parametría y Mitowsky, que la gente terminó por creerles, lo que hace sospechar que había un acuerdo entre ellas, con el propósito de inducir el voto a favor del puntero, pues en los porcentajes de AMLO y JVM se quedaron cortos y en el de EPN se sobregiraron; y no es imaginable que hayan pretendido incorporar a sus modelos la compra y coacción del voto que, en todo caso, parecieron haber sobrestimado. Las casas encuestadoras involucradas tendrán que explicar, si pueden, el porqué de la coincidencia entre ellas, en cuanto a la diferencia entre EPN y AMLO, que se estimó entre el 12% y el 15%, comparada con la real, que fue de 6.5%

Se sabe que la jornada electoral estuvo plagada de irregularidades, ampliamente ejemplificadas a través de videos que circulan por las redes sociales; hubo de todo: mensajes a celulares del PRI y del Verde, patrullas con propaganda del PRI, acarreo de gente en taxis para votar por el PRI, intimidaciones y amenazas por parte de policías o porros priistas, gente golpeada, votos encontrados en basureros, boletas pre-marcadas pro PRI, robo de boletas, quema de boletas, robo de urnas y extravío de actas. Aunque tales irregularidades no fueron generalizadas, su conjunto si se tradujo en una condición de inequidad en la contienda electoral, cuya consecuencia más importante fue la compra y la coacción del voto por parte del PRI, que si fue generalizada y ocurrió prácticamente en todo el territorio nacional, especialmente en los estados cuyos gobiernos son priistas, donde los gobernadores fueron los que orquestaron los operativos.

Numéricamente, el otro asunto de gran importancia ha sido la enorme cantidad de personas que se quedaron sin emitir su voto para presidente, al encontrarse fuera de su sección territorial, ya que el número de casillas especiales que el IFE habilitó, con 750 boletas electorales cada una, no fue suficiente para atender la altísima demanda de votantes. Se estima que el número de ciudadanos que se han quedado sin votar es superior a 2 millones, una inmensa mayoría de los cuales son profesionales en tránsito, que es mucho más probable que simpaticen con el PAN o con el PRD, y no con el PRI. En descargo del IFE, cabe decir que éste actuó conforme a los lineamientos de ley acordados con todos los partidos, y será necesario que en elecciones futuras, el número de casillas especiales se asigne conforme a la demanda de votantes foráneos.

Algunos observadores o críticos extranjeros han dicho que los mexicanos somos masoquistas, porque aun sabiendo la clase de gobierno que nos espera, nosotros lo hemos elegido, con nuestro voto; yo aseguro que no ha sido masoquismo, pues al menos el 62% de la población se inclinó por otras alternativas y una gran parte de la gente que votó por el PRI, muy probablemente más de 5 millones, lo hizo de manera inconsciente, a cambio de cacahuates, como consecuencia de que ha sido entrenada para recibir dádivas. Como en el juego de Maratón, México es ahora un país en el que ha ganado la ignorancia, esa ignorancia inducida por el duopolio televisivo, de la que se siente tan orgullosa una gran parte de la población, cuyo arquetipo más visible es Enrique Peña Nieto.

Un fraude electoral se define como la conducta por la cual, a través del engaño, la manipulación, la falsificación, la distorsión, el despojo, la elusión, la obstrucción o la violencia, ejercido en cualquier fase del proceso electoral, se busca impedir la celebración de elecciones periódicas, libres y equitativas, o afectar el carácter universal, igual, libre y secreto del voto ciudadano. El fraude constituye un atentado contra la libertad electoral y la transparencia de los comicios, destinado a distorsionar deliberadamente el ejercicio libre del sufragio y, por ende, la directa manifestación de la voluntad popular en las urnas.

Al revisar acuciosamente  la definición de fraude, es fácil advertir que las elecciones de 2012, en México, han sido a todas luces fraudulentas, pues prácticamente todas las conductas contrarias a la libertad y la equidad, son las que han caracterizado al PRI. Ahora, el fraude no está, desde luego, en la manipulación numérica que condujo al cálculo de los porcentajes obtenidos por los candidatos; una vez que se hayan realizado los conteos distritales y los recuentos de urnas en las que las actas hayan presentado inconsistencias visibles, seguramente habrá pequeños ajustes, pero no se espera que ocurran cambios numéricos significativos; no obstante, esta etapa del proceso electoral si permitirá tener la certidumbre de que los votos anulados estuvieron bien anulados, que los votos válidos fueron bien contados, que los votos de cada partido, de cada coalición y de cada candidato fueron bien transcritos y bien sumados. Lo fraudulento está en que gran parte de los votos obtenidos por el PRI se logró a base de engaños, manipulaciones, despojos, imposiciones y el doblegamiento de voluntades, ya sea a través del trueque de la credencial de elector o mediante compra o coacción del voto. 

El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la renovación de los poderes legislativo y ejecutivo se ha de realizar mediante elecciones libres, auténticas y periódicas; que la participación del pueblo en la vida democrática del país ha de ser promovida por los partidos políticos, mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo; y que queda prohibida la intervención de organizaciones gremiales ajenas a los partidos políticos. Si aludimos al excesivo rebase del tope de campaña por parte del PRI, que ha aplastado todo principio de equidad en la contienda y que ha sido dirigido básicamente a la compra del voto, es claro que estos vicios de origen fueron determinantes en el resultado de la elección. Y puesto que, como dicen los abogados: “lo que es causa de la causa es causa de lo concausado”, Peña ganó porque muchos de los votos que obtuvo, fueron comprados por el PRI.

En materia de impugnaciones, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, señala que solamente es legal abrir un paquete electoral, para poder contar todos los votos, cuando haya diferencias entre el acta de cómputo distrital y las copias en poder de los partidos, cuando haya señales evidentes de alteraciones en el paquete, cuando el número de votos nulos anotados en el acta sea mayor que la diferencia entre el primero y el segundo lugar, cuando la diferencia entre el primero y el segundo lugar sea menor del 1%, o cuando todos los votos hayan sido para un solo partido; si se da el caso en el que, a nivel distrital y según el PREP, la diferencia entre el primero y el segundo lugar haya sido menor del 1%, habrá que volver a contar todos los votos de todas las casillas del distrito.

Entre las causas de nulidad de una casilla destacan las tres siguientes: que haya habido irregularidades graves y no reparables en la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo, y que en forma evidente pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para su resultado; que haya habido violencia física o presión sobre los funcionarios de casilla o sobre los electores, siempre que éstas hayan sido determinantes para el resultado de la elección; que se haya impedido el acceso a la casilla a representantes de partidos o se les hubiese expulsado de ella; existen evidencias y testigos más que suficientes para probar que estas tres causales efectivamente ocurrieron. Finalmente, la Constitución establece que las salas del Tribunal Electoral solo podrán establecer la nulidad de una elección presidencial por las causales establecidas expresamente en la ley, entre las que destaca la que se refiere a la nulidad de casillas en por lo menos el 25% de las casillas instaladas en el territorio nacional y que no se hubiesen corregido en el recuento de votos.   

En cuanto a la vocación democrática de Felipe Calderón aludida por Peña, habría que ver; para empezar, su legitimidad como presidente de México siempre quedará en duda, por haberse negado a aceptar, en 2006, el recuento de “voto por voto y casilla por casilla” que exigía el pueblo, con tal de sentarse en la silla presidencial “haiga sido como haiga sido”; esa frase profundamente antidemocrática convalida que “el fin justifica los medios”, que es un muy mala enseñanza para los mexicanos. Otra frase aún más antidemocrática es la de “un peligro para México”, que inventó él o su núcleo cercano, para quitarle votos a AMLO, a la mala, lo que sin embargo, no logró. Su actuación no ha sido, desde luego, la de un buen cristiano, y por eso, para tomar posesión, tuvo que entrar por la puerta de atrás; por eso sacó a ejército de sus cuarteles y embarcó a la nación en una guerra absurda contra el narco, que terminó perdiendo y que ha dejado un saldo de 60 mil muertos y 10 mil desaparecidos; por eso, para parecer muy demócrata, quiere entregar la banda presidencial a otro ilegítimo, quien compró la elección, y que además es heredero de alacranes, alimañas, sanguijuelas, tepocatas y víbora prietas.

Respecto a su conducta durante la campaña electoral de 2012, cabe recordar algunos elementos de juicio: primero quiso imponer a Ernesto Cordero como candidato del PAN, luego quiso rodear a Josefina Vázquez Mota de asesores cercanos a él, que no le resultaron benéficos y finalmente no pudo aguantarse la tentación de dar su opinión, durante el segundo debate entre candidatos, atacando un planteamiento de AMLO, con el que luego fue bañado él y su Secretario de Hacienda, a raíz de la explicación pedagógica magistral, que diera Fernando Turner. Su actitud, al conocer el resultado del conteo rápido de la elección presidencial, fue la de reconocer de inmediato la victoria de Peña y felicitarlo, intentando dar una imagen de demócrata por excelencia; su pronunciamiento no habría sido tan apresurado ni tan gustoso, si el primer lugar en votación lo hubiera tenido AMLO.

Por lo que toca a Josefina, hay poco que decir; su campaña estuvo llena de tropiezos y aunque ella hizo su mejor esfuerzo, no le alcanzó y no le hubiera alcanzado de ninguna manera. En el segundo debate, se tiró a matar a la desesperada, atacando a los otros tres candidatos, pero ya era demasiado tarde. Al concluir la jornada electoral, no obstante que ella también fue directamente afectada por el monumental fraude del PRI, prefirió no hacer olas, e inmediatamente después de que se dieron a conocer las encuestas de salida, favorables a EPN, salió a reconocer que los resultados no le habían favorecido. Ahora, desde su casa de campaña, está intentando asumir un liderazgo y negociar con el supuesto ganador algunas condiciones que le sean favorables, antes que unirse a AMLO para protestar seriamente por el fraude. Al recordar el lejano 1988, es inevitable añorar a Manuel Clouthier, quien sabedor de que obtuvo el tercer lugar en las votaciones, reconoció en Cuauhtémoc Cárdenas al ganador de la contienda y denunció el fraude electoral, cuando Carlos Salinas fue declarado presidente electo.

La campaña de Peña empezó desde hace cinco años, como gobernador del Estado de México y en Televisa; usando no más de 300 vocablos del castellano, se ha aprendido de memoria algunos argumentos, ha firmado un larga lista de compromisos, la mayor parte de ellos intrascendentes, y ha prometido lograr las mentadas reformas estructurales, que Calderón quiso lograr pero no pudo, porque el PRI se lo impidió. Casado en segundas nupcias con Angélica Rivera, quien había sido actriz en muchas telenovelas, Televisa lo trató a él también como estrella, para construir su imagen, y mucha gente lo percibe ahora de esa manera, como un político principesco, que merece ser feliz. La estrategia televisiva parecía encaminada a lograr no sólo que Peña llegara a la presidencia, sino que llegara como un presidente fuerte, con mayoría en el Congreso; los resultados electorales indican que no les resultó y  no tendrán mayoría ni aún en alianza con el Verde y con el PANAL; necesariamente habría que negociar con el PRD o con el PAN en las Cámaras y, por eso, Josefina ya está viendo la forma de negociar con él, desde ahora.

Quadri fue seleccionado para representar los intereses de un partido espectral, fundado por Elba Esther Gordillo, el personaje más siniestro de la política mexicana en los últimos 25 años; su encargo fue exitoso: un candidato que garantizó una votación suficiente para mantener el registro del partido y le sirvió de palero a EPN, atacando a los otros dos candidatos y coincidiendo con él en su política neoliberal. Es una vergüenza para el gremio, que un ingeniero con cierto reconocimiento, se hubiese prestado a representar un papel tan lamentable, sólo por la ambición a fama, dinero o poder; porque es imposible no imaginar lo que estaría dispuesta a pagar la profesora por mantener posición y privilegios, ahora en “nueva alianza” con el PRI de Peña, como lo hiciera hace seis años con el PAN de Calderón.   

El IFE es el órgano responsable de cumplir con la función estatal de organizar las elecciones federales de México: la de presidente de los Estados Unidos Mexicanos y las de diputados y senadores que integran el Congreso de la Unión. Los medios de comunicación han dicho que, en general, el IFE ha cumplido satisfactoriamente con su cometido, en cambio las organizaciones no gubernamentales han hecho duras críticas a la actuación del IFE; Alianza Cívica, por ejemplo, ha declarado que hubo una gran operación, quizá la mayor operación de compra y coacción del voto, en la historia del país, y a sabiendas de las muchas irregularidades denunciadas, el IFE no realizó acciones concretas para evitarlo, en pro de los derechos político-electorales, y el respeto al voto libre y secreto; detallaron que 28.4% de los ciudadanos encuestados dijeron haber estado expuestos al menos a una práctica de compra o coacción del voto, habiéndose ejercido una presión para votar: a favor del PRI, 71%, a favor del PAN, 17%, a favor del PRD, 9% y a favor de Nueva Alianza, 3%; señalaron además, que hubo violación al voto secreto en el 21% de las casillas, destacando la utilización de niños halcones que acompañaban al elector para observar por qué partido votaba, acción que resulta doblemente reprobable, por la trampa misma y porque se está enseñando a los infantes a cometer delitos. La conclusión de su ejercicio de observación electoral de Alianza Cívica es que la jornada electoral del 1 de julio no fue limpia ni equitativa.

La FEPADE es un órgano autónomo de la Procuraduría General de la República, responsable de prevenir y perseguir delitos electorales federales y garantizar la libertad del sufragio, en favor de la sociedad. Entre los delitos electorales en estos comicios de 2012, destacan, por su frecuencia: recoger credenciales de elector, solicitar votos por paga, dádiva, promesa de dinero u otra recompensa durante las campañas electorales o en la jornada electoral, condicionar la prestación de un servicio público o el cumplimiento de programas sociales a cambio del voto a favor de un partido político o candidato, y violar de cualquier manera el derecho del ciudadano a emitir su voto en secreto. A la fecha, la FEPADE no ha presentado aún informe actualizado de las denuncias y se espera que el volumen corresponda a la magnitud de denuncias que aparecen en las redes sociales. Sin embrago, la titular de la PGR, Marisela Morales, declaró que la jornada electoral fue tranquila y aunque reconoció que hubo algunas incidencias, no hubo nada que pusiera en riesgo la seguridad, ni tampoco los comicios.

El Tribunal Electoral es un órgano especializado del Poder Judicial de la Federación, encargado de resolver controversias en materia electoral, protegiendo los derechos político-electorales de los ciudadanos. Es a este Tribunal al que se debe solicitar la anulación de una casilla, de un distrito o de toda la elección presidencial, siempre que se demuestren causales de nulidad de votación en una o varias casillas electorales. Es de preocupar que, dos días después de la jornada electoral, el magistrado presidente, Alejandro Luna Ramos, hizo una declaración temeraria e irreflexiva, señalando que “nadie ganará en la mesa lo que no pudo ganar en las urnas” y que “el Tribunal no puede cambiar la decisión manifestada por la ciudadanía en las urnas”, cuando aún no se habían terminado de contar los votos.

He excluido en este documento, la crónica relativa a Andrés Manuel López Obrador, al Movimiento de Regeneración Nacional y al Movimiento Yo Soy 132. Cada uno merece atención aparte; si es posible, lo trataré en otro momento.

Es muy importante que estemos participando en todas las marchas y mítines en que se denuncie el fraude electoral; pero lo fundamental para evitar realmente que Peña sea declarado presidente electo, es que todos colaboremos en la prueba del fraude ante el Tribunal Electoral. En concreto, lo que hay que probar es que el número de votos que obtuvo Peña mediante compra o coacción, es mayor que la diferencia entre el primero y el segundo lugar; y puesto que esto hay que probarlo casilla por casilla, tenemos que concentrarnos en las casillas en las que EPN fue primero y AMLO o JVM segundo (no son importantes las casillas en las que AMLO o JVM hayan ganado), y para ello requerimos de evidencias, de testigos y de denuncias, preferentemente presentadas ante notario. Como es lógico suponer, las casillas que más nos interesan son aquellas ubicadas en estados gobernados por el PRI y en zonas donde la gente tiene mayor necesidad, porque es ahí donde el PRI pudo haber ofrecido dinero, despensas o materiales de construcción, a cambio del voto; necesitamos convencer a las personas que hayan vendido su voto y que estén dispuestas a declarar el hecho, sin ponerlas en riesgo, por lo que deberemos buscar maneras creativas de protegerlas. Si logramos probar que hubo fraude en el 25% de las casillas de un distrito electoral, ganado por el PRI, ese distrito será anulado, y con un número suficiente de distritos anulados, el ganador ya no sería Peña Nieto; si logramos probar que hubo fraude en el 25% de todas las casillas instaladas, la elección electoral será declarada nula y sería necesario volver a realizar la votación. Tenemos sólo dos meses, julio y agosto, para probar el fraude, ya que el 6 de septiembre, el Tribunal Electoral tendrá que declarar un presidente electo, o declarar nulas las elecciones presidenciales. Así que “A TRABAJAR TODOS EN PROBAR EL FRAUDE, EN FAVOR DE LA DEMOCRACIA EN MÉXICO”. Los jóvenes de Morena y los del Yo Soy 132, tienen ahí mucho por hacer.